Disponer de una pila para lavar a mano es un requisito que puede considerarse hoy obsoleto pero que sigue siendo indispensable en el diseño de las viviendas protegidas en Andalucía para desesperación de muchos arquitectos que están dispuestos a ofrecer soluciones mejor adaptadas a las nuevas necesidades. El Gobierno andaluz se ha propuesto actualizar la normativa que regula la vivienda protegida y eliminar una serie de condicionamientos que lastran, a su juicio, el relanzamiento del mercado de vivienda a precio limitado.
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha iniciado la tramitación de una orden que simplificará los requisitos y también la tramitación de las ayudas para promotores y compradores, de manera que los procesos sean más ágiles y los proyectos más flexibles.
«Hay segmentos de población, muy necesitados de vivienda a precios asequibles, como los jóvenes o también la gente mayor, para los que ya no es indispensable tener una pila para lavar a mano o una cocina independiente del salón. Y hay promotores dispuestos a construir con diseños más actuales soluciones para vivir en pisos compartidos o en lofts (espacios amplios sin divisiones) con servicios comunes. No tiene ningún sentido que la vivienda libre pueda dar este tipo de respuesta a las nuevas necesidades y no podamos hacer algo parecido desde la vivienda protegida», explica la secretaria general de Vivienda de la Junta, Alicia Martínez.
Esta mayor flexibilidad no tiene por qué afectar a la calidad de la construcción, añade Martínez, pues tanto ésta como la seguridad de los edificios ya vienen determinadas por el Código Técnico de la Edificación, que es de obligado cumplimiento en todos los proyectos.
Existe una orden, de 21 de julio de 2008, que actualizó algunos aspectos de la normativa, pero ésta reproducía requisitos regulados por otra orden ministerial de 1969 y sus posteriores reformas de 1976 y 1977, que han quedado «absolutamente desfasados», explica la secretaria general a EL MUNDO.
Las limitaciones se eliminarán para los promotores pero también para los compradores que, hasta la fecha, tienen que esperar 30 años para vender en el mercado libre la vivienda adquirida con financiación pública. La nueva normativa reducirá ese plazo a 10 o 15 años en función de las características del inmueble. Eso no significa, sin embargo, que no se articulen mecanismos para evitar la especulación con el inmueble, que deberá seguir utilizándose únicamente como primera vivienda del beneficiario de las ayudas.
Fuente: elmundo.es