La Asociación de Apartamentos Turísticos y Hoteles de Ronda, que está integrada en la organización de empresarios Apymer, ha solicitado al Ayuntamiento de Ronda que tome las medidas necesarias para controlar que los apartamentos turísticos que funcionan en la ciudad cumplen con la normativa vigente, que exige que este tipo de alojamiento cuente con cédula de habitabilidad y licencia de apertura, documentos que deben ser concedidos por el Consistorio.
En este sentido, desde la asociación explican que han registrado un documento en el Ayuntamiento rondeño solicitando que se realicen los controles pertinentes para comprobar que la totalidad de los establecimientos existentes cumplen con estas condiciones y que, en caso de no hacerlo, se tomen las medidas necesarias para exigir su cumplimiento y evitar que de este modo se pueda producir una situación de competencia desleal con los establecimientos que sí están cumplimiento con las exigencias marcadas.
La Normativa exige contar con estos dos permisos municipales para poder operar
Además, han explicado que este hecho supondría que el propio Consistorio se beneficiase de la medida, ya que ingresaría con conceptos correspondientes a concesión de licencias y también aumentaría la ingresos en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y por basura, dado que tienen un gravamen diferente que podría llegar a aumentar los ingresos por algunos de estos conceptos hasta un 60%, según los cálculos de la asociación.
De momento, desde este colectivo permanecen a la espera de que el Consistorio actúe, ya que realizaron en el mes de julio la petición oficial, aunque no descartan el poder tomar otro tipo de medidas si pasados unos meses la situación se sigue perpetuando y no se aprecia ningún tipo de acción municipal. De hecho, no descartan acudir a los tribunales.
Además, resaltan el peligro que puede conllevar para los clientes el alojarse en un establecimiento que no cuente con todos los permisos necesarios en caso de producirse algún tipo de incidente.
Por otra parte, también se pide al propio Consistorio y a la Junta de Andalucía que se tomen medidas para garantizar que se cumple el decreto que actualmente regula la viviendas vacacionales. Calculan que más de un 60% de las viviendas que se ofertan en estos momentos en la ciudad no cumplen con dicha normativa.
Aseguran que existen viviendas que operan con un mismo número de control, que las recepciones no se realizan de forma presencial como exige la normativa o que un mismo propietario acumula más de dos viviendas dentro del perímetro mínimo marcado, algo que tampoco está permitido y que obligaría darse de alta como apartamento turístico y a contar con servicios como recepción o viviendas adaptadas.
Por ello, han reclamado una mayor labor de inspección por parte del Gobierno andaluz, además de denunciar el peligro que supondría el no saber quién se aloja.
Fuente: Diario Málaga Hoy