Aunque para muchos sean sólo una fuente de conflictos, las comunidades de vecinos serán uno de los grandes campos donde se juegue la próxima transformación energética del país. El Real Decreto-Ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores aprobado por el Gobierno otorga a los edificios comunitarios un rol fundamental en el impulso de las energías renovables y los nuevos planes de movilidad sostenible.
Por un lado, el texto levanta las barreras al autoconsumo de energía y posibilita la instalación de fuentes alternativas de generación fotovoltaica en los tejados de las viviendas. La nueva regulación suprime los peajes por la conexión a la red eléctrica y reduce el coste de la inversión, acelerando su amortización e implantación.
Compañías eléctricas y bancos se han lanzado ya a por estas comunidades con planes de financiación de las instalaciones que facilitan el pago del coste con los propios ahorros energéticos que otorga su uso. «En ocho años la inversión para una instalación pequeña puede estar amortizada», explica Emilio Rousaud, director general de FactorEnergía.
El coste es muy variable al depender del tamaño del tejado. Cada kilovatio de potencia necesita alrededor de seis metros cuadrados y supone un coste de unos 1.500 euros. Es decir, para un tejado con de alrededor de 60 metros cuadrados, la inversión en placas para lograr una potencia de 10 kilovatios sería de 15.000 euros.
El texto aprobado por el Gobierno también permite que la energía generada por la instalación de autoconsumo sea destinada a los usos privados de los habitantes del edificio, y no sólo a los servicios comunes -ascensor, iluminación portales…- como hasta ahora. Esto ayudará a que los propietarios vean directamente al final de mes los beneficios de poder generar su propia electricidad en su factura.
La transición que comenzará en los tejados se extenderá luego a los garajes. Los nuevos planes de movilidad elaborados por el Gobierno abogan por la prohibición de los vehículos de combustión y el impulso de aquellos movidos por electricidad. El plan propone que las restricciones al tráfico comiencen antes de 2023 en las ciudades de más de 50.000 habitantes y que las gasolineras que más venden tengan operativas sus instalaciones de recarga 15 meses después de que entre en vigor la nueva ley.
De esta forma, los garajes colectivos privados se han convertido en el gran caramelo para las empresas energéticas. Los edificios tendrán que hacer la acometida para facilitar a los vecinos que lo requieran la opción de llevar la luz a sus plazas de garaje. La comunidad tiene que pagar la obra -con un coste según el tamaño del garaje y la antigüedad del edificio de entre 300 y 2.500 euros-, aunque el puesto de recarga en último término iría con coste al particular que se quiera comprar un coche eléctrico. Los concesionarios están llegando a acuerdos incluso con las propias compañías energéticas para incluir el cargador en la venta del vehículo. «En Alemania ya hay seis millones de hogares produciendo su propia electricidad. Las oportunidades ahora en España son todavía mayores», concluye Rousaud.
Fuente: www.elmundo.es